Un grupo de 540 jubilados del ex Territorio Nacional ha iniciado una protesta indefinida frente a la Jefatura de Policía de Río Grande, en un nuevo capítulo de la crisis previsional que afecta a este sector. La medida, que comenzó el 7 de septiembre, surge tras 15 meses sin percibir una parte de sus haberes.
Los manifestantes, que anteriormente se habían movilizado dos veces por semana, han decidido instalar una carpa en la vía pública con la esperanza de que su situación se regularice. Alfredo Gatti, referente del grupo, ha señalado que la protesta se mantendrá hasta que se resuelva el conflicto, el cual atribuyó a la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, el directorio de la Caja de Previsión y la conducción policial.
El reclamo se centra en la falta del haber compensatorio que corresponde a quienes sirvieron antes de la provincialización de Tierra del Fuego. Aunque no se denuncia la falta total de jubilaciones, sí se destaca que esta interrupción ha llevado a muchas familias a endeudarse. Según Gatti, la quita ha alcanzado el 100% del adicional, lo que ha generado una situación financiera crítica para los afectados.
Es importante mencionar que, aunque se mencionan responsabilidades hacia el gobernador Gustavo Melella, las afirmaciones sobre su gestión se basan en el relato de los retirados y no en condenas firmes. Hasta el momento, el Gobierno provincial no ha sido condenado por apropiación de fondos ni se ha establecido una maniobra delictiva específica.
La situación se agravó tras la presentación de un pedido de juicio político contra Melella por parte de tres miembros del grupo, elevando el reclamo a un plano institucional. Gatti también ha descrito las consecuencias sanitarias y sociales que ha traído esta crisis, como la falta de cobertura médica y el fallecimiento de algunos compañeros durante este periodo de conflicto.
A pesar de las normas provinciales diseñadas para abordar la deuda y los pagos, los manifestantes sostienen que estas no se han implementado adecuadamente. La incapacidad del Gobierno para desactivar el conflicto durante 15 meses ha llevado a este endurecimiento de la protesta, reflejando el descontento de un sector que ha agotado todas las vías de diálogo.
Fuente: NA
