Nuevas denuncias sobre quemas y desmonte en la Isla Santiago han puesto en aprietos al intendente de Ensenada, Mario Secco, en relación con la gestión de un área protegida. La organización ambiental Nuevo Ambiente informó que durante las últimas 48 horas se han detectado intervenciones en un sector del monte ribereño cercano al Río de la Plata.
Según fuentes de la organización, se observó el uso de maquinaria pesada, la remoción de terreno y posibles nuevas ocupaciones a escasa distancia de un puesto de Prefectura Naval. Hasta el momento, no se ha determinado la autoría de estas intervenciones, y la municipalidad no ha emitido una resolución que asigne la responsabilidad al Ejecutivo.
En respuesta a las acusaciones, la Municipalidad de Ensenada negó estar detrás de las acciones denunciadas, afirmando que, si fueron llevadas a cabo por particulares, las denuncias deberían dirigirse a ellos. Esta posición desvincula al Ejecutivo de la autoría material, pero pone de relieve la discusión sobre la fiscalización ambiental en la zona. La Ley provincial 12.756 otorga a Ensenada y Berisso funciones específicas para la preservación del paisaje y la gestión conservacionista.
El área en cuestión ha sido designada como Paisaje Protegido de Interés Provincial por la misma norma, cuyo objetivo es asegurar la conservación de la integridad natural y geomorfológica del sector. También establece que cualquier obra capaz de alterar estas condiciones debe pasar por una evaluación de impacto ambiental antes de recibir la autorización municipal.
La situación se complica aún más debido a que el área también está regida por la Ley de Bosques Nativos 14.888. Esto significa que no es un terreno sin regulaciones específicas, y las autoridades locales tienen competencias legales para su preservación. Además, la provincia debe colaborar cuando la situación sale de su jurisdicción.
Este nuevo episodio se suma a antecedentes recientes sobre la construcción de viviendas en un sector conocido como Los Ciruelos. En ese caso, Nuevo Ambiente llevó la cuestión a la justicia, logrando una resolución inicial que impuso restricciones sobre loteos y edificaciones. En aquel momento, la propia comuna había indicado que las construcciones cuestionadas no contaban con permisos municipales.
El contexto político para Secco se torna complejo, dado que ya existían advertencias previas y un régimen legal específico, pero la ONG ha vuelto a documentar intervenciones en el suelo. Aunque no se han presentado pruebas de usurpación ni se puede afirmar que las quemas fueron ordenadas por funcionarios, sí queda claro que el conflicto ha resurgido en una área donde el municipio tiene obligaciones de control ambiental.
Asimismo, Nuevo Ambiente ha destacado la falta de un plan de manejo integral que contemple la ordenación de actividades, la prevención de incendios, la conservación de flora y fauna, y el tratamiento de líquidos cloacales. Este planteo, aunque relevante, no constituye una sentencia, pero apunta a la necesidad de un enfoque más riguroso en la protección del área.
Fuente: NA
