La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso significativo en la búsqueda de igualdad ante la ley mediante una reciente acordada. Este pronunciamiento encomienda al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo científico destinado a unificar y sistematizar los criterios sobre el estado de salud de los internos y las posibilidades de tratamiento en los institutos carcelarios.
Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es la intención de eliminar las disparidades en el tratamiento judicial hacia los detenidos. Desde 2004, los acusados de crímenes de lesa humanidad han estado sujetos a un régimen diferenciado que ha ignorado los límites legales para el mantenimiento de prisiones preventivas. Esto ha llevado a la denegación de beneficios como excarcelaciones y salidas transitorias, incluso en casos donde no existe riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
Además, se ha denunciado la práctica de abrir nuevas causas contra condenados, impidiendo que, al cumplir sus penas, se les otorguen beneficios progresivos. Esta situación contrasta con el tratamiento que reciben algunos dirigentes políticos condenados por corrupción, quienes acceden a detenciones domiciliarias sin cumplir siquiera con el requisito de edad.
En el lado opuesto, se encuentran numerosos detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que enfrentan largas condenas en condiciones de salud deterioradas, con casos extremos de personas que han sufrido graves problemas de salud e incluso han fallecido mientras estaban en prisión. Este escenario ha generado preocupación sobre la capacidad del sistema penitenciario argentino para garantizar la salud y el bienestar de los internos, especialmente en edades avanzadas.
Un caso notable es el del teniente coronel Juan Daniel Amelong, quien ha estado encarcelado por más de 20 años y ha experimentado múltiples episodios críticos de salud. Su situación destaca la necesidad de un enfoque más humano y equitativo en el tratamiento de los internos, alineado con los principios de resocialización y respeto a los derechos humanos.
El derecho penitenciario argentino, que se ha destacado por su enfoque humanitario, enfrenta el desafío de ser implementado por jueces que actúen con imparcialidad. La Corte Suprema, al promover esta iniciativa, busca restablecer la igualdad de todos ante la ley, un principio fundamental que debe prevalecer en el sistema judicial.
Fuente: La Nación
