La Asignación Universal por Hijo (AUH)</strong) ha experimentado un cambio significativo en su proceso de acreditación. A partir de ahora, los beneficiarios ya no tendrán que presentar certificados de salud y escolaridad de manera manual, ya que el proceso se automatiza. Esta modificación ha sido anunciada por el Ministerio de Capital Humano.
Según el comunicado emitido por la cartera, los datos necesarios para verificar el cumplimiento de las condicionalidades de salud y educación serán proporcionados directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. Este intercambio de información se llevará a cabo a través de un sistema seguro, lo que elimina la necesidad de presentar documentación en papel.
Con este nuevo procedimiento, los beneficiarios de la AUH quedan eximidos de un trámite que implicaba la retención del 20% de la asignación hasta que se completara la certificación de la regularidad escolar y el control sanitario a través del certificado de vacunación. La medida busca facilitar las gestiones y aumentar la precisión en la verificación de datos, reduciendo así el riesgo de errores y fraudes asociados a la certificación manual.
Si, por alguna razón, el sistema automático no logra verificar la información de un titular, se mantendrá la opción de presentar la documentación de forma presencial ante ANSES, como se hacía anteriormente.
En cuanto a los montos de la AUH, a partir de septiembre, los titulares recibirán los siguientes importes tras una actualización del 2,11%:
– Asignación Universal por Hijo: $123.221,55
– Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $401.226,62
– Asignación por Embarazo: $123.221,55.
La AUH está destinada a madres, padres o titulares que conviven con menores de 18 años y cumplen con ciertos requisitos. Desde su implementación hace 16 años, ha beneficiado a 2,5 millones de familias, alcanzando a un total de 4,3 millones de menores en el país.
Esta asignación está dirigida a grupos poblacionales como desocupados, trabajadores no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales.
Fuente: La Nación
