Tras recibir una condena de dos años y ocho meses por el desvío de más de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales mediante el programa Sueños Compartidos, Sergio Schoklender se pronunció asegurando que no cometió ningún delito. En sus declaraciones, Schoklender calificó el fallo como un «absurdo» y criticó la falta de reconocimiento por parte de la justicia. «No se animaron, después de quince años, a decir: ‘Perdón, usted no cometió ningún delito’. Está probado», afirmó.
El exdirigente también cuestionó la lógica detrás de la sentencia. «Si efectivamente se hubiera cometido un delito, incluso la pena de seis años que pidió el fiscal habría sido baja. El hecho de que me hayan impuesto una condena de dos años y ocho meses en suspenso demuestra cómo funciona el sistema», agregó Schoklender.
Según sus palabras, la condena no es más que una «pena simbólica» que busca aplazar el asunto a instancias superiores. «Hoy dicen dos años, pero los fundamentos recién se conocerán en noviembre. Después tendremos que ir a Casación y, más tarde, a la Corte», explicó.
Schoklender continuó criticando la situación del sistema judicial argentino, asegurando que «este edificio es la muestra palpable de lo degradado que está» y reiteró que «no se desvió un puto peso». Afirmó que las obras inconclusas son responsabilidad de la gestión que siguió a su salida.
En el mismo fallo, el Tribunal Oral Federal N°5 impuso condenas similares a otros involucrados. Pablo Schoklender recibió doscientos años y ocho meses, el exsecretario de Obras Públicas, José López, fue condenado a dos años y nueve meses, mientras que el exsubsecretario Abel Fatala también recibió la misma pena. En contraste, el exministro de Planificación, Julio De Vido, fue absuelto.
Las penas establecidas por el fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera incluían la solicitud de la pena máxima de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los acusados, quienes fueron señalados por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
La causa, que se abrió en 2011 tras la disputa entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, llegó a juicio oral el 4 de marzo de este año. Durante seis meses se llevaron a cabo audiencias sobre el destino de los fondos que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió entre 2008 y 2011 para la construcción de viviendas y centros de salud en varias provincias. Se alegó que 206,4 millones de los 748,7 millones de pesos administrados por la fundación fueron desviados hacia empresas vinculadas a los acusados, con un esquema que presuntamente operó bajo un «plan criminal» diseñado desde el Estado en coordinación con los responsables del programa.
Fuente: La Nación
