La Legislatura de Río Negro ha dado un paso significativo hacia la modificación del régimen provincial de carnes. Este cambio permitiría, bajo condiciones específicas, la inclusión de productos provenientes de la fauna silvestre y la pesca en el circuito formal de comercialización.
El proyecto, que cuenta con el apoyo mayoritario en comisión, busca reemplazar la actual Ley E 2534, que ha estado vigente por más de 35 años, y establecer un marco actualizado para la habilitación, fiscalización y control sanitario de los establecimientos relacionados con la faena, elaboración y venta de productos de origen animal.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la posible comercialización de carnes de especies silvestres, en particular el jabalí y el guanaco. La normativa no especifica qué animales se podrán comercializar, delegando esta responsabilidad a la autoridad competente, que se encargará de autorizar las especies y establecer temporadas, cupos de extracción y zonas habilitadas.
La venta de estos productos estará sujeta a controles sanitarios y de trazabilidad, similares a los que se aplican a otros productos de origen animal. La intención del Gobierno provincial es formalizar una actividad que actualmente tiene un alcance limitado y abrir nuevas alternativas de producción y consumo.
No obstante, la propuesta ha generado un intenso debate ambiental, especialmente en relación al guanaco. La Fundación Guardafaunas de Río Negro ha expresado su preocupación por la inclusión de la fauna silvestre en el proyecto, argumentando que no existen censos ni información científica suficiente sobre la población de guanacos en la provincia. Gustavo García, presidente del organismo, ha criticado la iniciativa afirmando: “No hay justificación para incorporar al guanaco. En Santa Cruz la ley se aplica, pero tiene una población de guanacos importante, más de un millón. Río Negro no tiene datos, no hay censos ni información científica que lo avale”.
Además de la controversia sobre la fauna, el proyecto introduce un régimen específico para pequeños establecimientos artesanales, con requisitos adaptados a su escala de producción, pero que mantienen las exigencias sanitarias. Esta categoría incluye a los establecimientos que produzcan hasta 500 kilos diarios de producto terminado de faena o hasta 100 kilos diarios de productos elaborados.
La reforma también establece nuevas competencias entre la Provincia y los municipios, incorpora herramientas para el traslado de productos destinados al autoconsumo de familias rurales y prevé la participación de diversas áreas estatales en los controles. Desarrollo Económico y Productivo supervisará los establecimientos y transportes, mientras que Salud se encargará de la inocuidad y los registros sanitarios.
Fuente: NA
