Un nuevo proyecto de ley busca establecer en la provincia de Buenos Aires una Red de Atención Integral de Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Ansiedad Digital (REDA), con el objetivo de abordar la creciente emergencia de salud mental que afecta a niños y adolescentes. La propuesta, impulsada por la diputada provincial Romina Braga de la Coalición Cívica, tiene como finalidad mejorar el acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos interdisciplinarios y políticas de prevención relacionadas con el impacto del entorno digital en la salud mental.
Braga destacó que el efecto de las redes sociales y los algoritmos en la autoestima y el bienestar emocional no puede ser ignorado. «El Estado debe generar herramientas concretas para la prevención y asistencia», afirmó la legisladora. Además, la iniciativa incluye tres proyectos complementarios que buscan incorporar en la educación la alfabetización crítica de la imagen, advertencias en publicidades sobre imágenes digitalmente alteradas y la implementación de herramientas de seguridad en las plataformas digitales.
La red propuesta se integraría bajo el Ministerio de Salud de la provincia y ofrecería acceso gratuito a intervenciones interdisciplinarias en salud mental, junto a la cobertura parcial de obras sociales. Se contempla la creación de al menos una unidad especializada en cada región sanitaria, así como un fondo destinado a la salud mental digital para financiar equipamiento, capacitación del personal y campañas de prevención.
El proyecto también define la ansiedad digital como un estado de malestar asociado a la interacción constante con entornos virtuales, caracterizado por la dependencia de la aprobación online y la presión estética. Braga considera que estas iniciativas son una oportunidad significativa para iniciar una discusión seria sobre la salud mental en la provincia, particularmente entre los jóvenes.
Las propuestas coinciden en la necesidad de abordar de manera integral las consecuencias psicológicas derivadas de los entornos digitales, buscando así mejorar la salud mental de la población afectada y facilitar la consulta oportuna ante situaciones de riesgo.
Fuente: La Nación
