El regreso a clases en Formosa fue marcado por un paro docente de alto acatamiento, donde dos organizaciones del sector denunciaron que el gobierno provincial no respondió a un pedido de recomposición salarial durante más de treinta días, lo que resultó en una pérdida salarial superior al 30% en lo que va del año.
Manuel Pereyra, secretario general de Voz Docente, confirmó una adhesión significativa a la medida, observándose un menor movimiento urbano y el cierre de numerosos establecimientos educativos, según un relevamiento realizado por inspectores nacionales en ocho escuelas.
El paro fue convocado a nivel federal y abarca reclamos como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reapertura de la paritaria nacional y el financiamiento educativo. En el ámbito provincial, los gremios sumaron demandas específicas dirigidas al gobierno de Gildo Insfrán.
Desde Voz Docente se informó que se presentó, hace más de un mes, una nota formal solicitando un aumento para el segundo semestre y la apertura de una paritaria provincial, sin haber recibido respuesta alguna hasta el inicio del mes de agosto.
De acuerdo con estimaciones gremiales, los docentes han sufrido una pérdida de más del 30% de su poder adquisitivo en el año 2026. Esta cifra no ha sido verificada oficialmente por el gobierno, que no ha proporcionado un informe salarial que permita contrastar la situación.
Las demandas incluyen una cláusula de actualización periódica, el cumplimiento del Estatuto Docente provincial, y la normalización de la Junta de Clasificación y Disciplina, lo que indica que no se trata de una simple adhesión a una huelga nacional.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, exigió un salario mínimo docente de $3 millones y un plan de desendeudamiento, alertando sobre la situación financiera crítica que muchos docentes enfrentan, con facturas de alquiler y servicios que superan los ingresos.
Patiño destacó que un alquiler promedio de dos dormitorios puede alcanzar los $550.000, mientras que una factura de electricidad en verano podría llegar a $200.000. Además, cuestionó la falta de recursos tecnológicos por parte del Estado para que los docentes puedan cumplir con sus responsabilidades.
A pesar de que los montos mencionados son ejemplos proporcionados por la dirigente, la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo y la realización del paro son hechos verificables. Se observó una contradicción política en las declaraciones de los líderes gremiales, donde Pereyra mencionó que el alto acatamiento fue facilitado porque la protesta se dirigía contra el gobierno nacional, mientras que Patiño afirmó que había presión sobre quienes participaban de paros provinciales.
La Agencia Territorial Formosa del Ministerio de Capital Humano realizó un relevamiento en ocho escuelas para verificar el cumplimiento de la actividad educativa según la Ley 27.802, aunque no se proporcionaron porcentajes específicos. La falta de un informe oficial sobre el número de instituciones en funcionamiento y la cantidad de docentes adheridos fue notoria durante la jornada.
El gobierno provincial tiene la oportunidad de discutir tanto el monto solicitado de $3 millones como la metodología de cálculo de la pérdida salarial, pero la falta de paritarias provinciales y la falta de respuesta a las solicitudes formales plantean un problema que no puede ser atribuido únicamente a conflictos nacionales.
Los gremios ya están considerando un nuevo paro provincial para el 6 de agosto, esperando una respuesta concreta que incluya una convocatoria formal con un temario definido o, de lo contrario, la prolongación del silencio que ha llevado la situación desde los despachos oficiales a las escuelas cerradas.
Fuente: NA
