El gobernador Gustavo Melella ha establecido un plazo de 30 días para que la Legislatura de Tierra del Fuego pueda rechazar su propuesta de financiamiento educativo. De no hacerlo, se permitirá la aprobación de nuevas cargas tributarias sin necesidad de un voto afirmativo expreso.
La iniciativa, registrada como Asunto 519/26, fue enviada por el Poder Ejecutivo con la solicitud de un trámite de urgencia, un procedimiento contemplado en el artículo 111 de la Constitución provincial. Si la Cámara no actúa dentro del plazo establecido, el proyecto se considerará automáticamente aprobado.
La relevancia de esta medida se hizo evidente el pasado domingo, cuando se detalló el procedimiento elegido por el Gobierno y las fuentes de financiamiento del fondo propuesto. Este esquema no solo reconfigura partidas ya existentes, sino que también incluye recursos tributarios y utilidades de empresas estatales.
Entre los aspectos más destacados se encuentra un incremento del 3 por ciento en Ingresos Brutos sobre las actividades del Banco de Tierra del Fuego, eliminando una exención del Código Fiscal. También se establecería una alícuota del 3,4 por ciento para la distribución de gas natural.
El fondo también podría recibir el 0,5 por ciento de la recaudación general de Ingresos Brutos, así como un porcentaje de los ingresos adicionales generados por cambios en alícuotas y revalúos del impuesto inmobiliario.
La administración de Melella ha presentado esta propuesta como una solución a largo plazo tras la emergencia salarial docente y el conflicto que mantuvo las aulas cerradas durante varias semanas. El proyecto estipula que al menos el 50 por ciento del fondo se destine a salarios, el 25 por ciento a mantenimiento e infraestructura, y un 15 por ciento a equipamiento y tecnología.
El legislador Matías Lapadula ha manifestado su intención de solicitar una sesión especial para debatir la urgencia del proyecto. Ha expresado preocupación por las implicaciones de un diseño que podría tener efectos a largo plazo sin el debido debate en comisiones, y ha advertido que la mayor carga sobre el gas podría repercutir en los hogares y comercios.
El Ejecutivo, en defensa de su propuesta, asegura que los recursos estarán específicamente destinados, serán adicionales a los fondos educativos existentes y permitirán una inversión proyectada de hasta 7,8 por ciento del Producto Bruto Geográfico provincial en los próximos años, aunque esto queda supeditado a la evolución económica y la disponibilidad de recursos.
Fuente: NA
