La decisión de repartir los bienes entre los hijos antes de fallecer puede parecer una alternativa atractiva para organizar la herencia. Sin embargo, esta práctica entraña riesgos económicos y legales que no siempre son considerados por quienes optan por ella.
En su canal de YouTube, la escribana española María Cristina Clemente Buendía alertó sobre las consecuencias de adelantar la herencia sin tener en cuenta las necesidades económicas futuras. «Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes«, afirmó. Según explicó, las personas mayores no pueden prever los gastos que podrían surgir con el tiempo, como tratamientos médicos o la necesidad de asistencia domiciliaria.
La experta enfatizó que desprenderse del patrimonio podría poner en riesgo la estabilidad económica de quienes realizan la donación. «¿Por qué vamos a anticipar? Esperemos, hagamos el testamento», cuestionó sobre la urgencia de tomar decisiones que podrían manejarse a través de una planificación sucesoria.
Las diferencias entre donar en vida y hacer un testamento son significativas. Mientras la donación transfiere la titularidad de un bien inmediatamente, el testamento define la distribución de los bienes tras el fallecimiento del propietario.
Clemente Buendía advirtió que, tras realizar una donación, el antiguo propietario pierde el control sobre el inmueble, lo que puede ser problemático si el beneficiario enfrenta deudas. «Tú no puedes controlar lo que va a pasar con ese bien», subrayó.
La situación se complica aún más con las joyas familiares, que pueden considerarse donaciones y generar obligaciones fiscales. Este tipo de bienes, además, suelen acarrear conflictos familiares por su valor sentimental, especialmente si no hay directrices claras sobre su distribución.
Por esta razón, la profesional recomendó buscar asesoramiento legal antes de organizar una herencia. «El peor error que suelen cometer las personas a la hora de dejar testamento es redactarlo ellas mismas», concluyó, destacando la importancia de proteger la autonomía económica y prevenir disputas familiares. Cabe mencionar que sus recomendaciones se basan en la legislación española, que difiere de la vigente en Argentina.
Fuente: La Nación
