La Libertad Avanza ha puesto en el centro de la discusión un tema crucial para la provincia de Buenos Aires: el cobro de las tasas municipales. Este partido político ha comenzado a elaborar proyectos y a realizar denuncias sobre la situación de los tributos en diversas localidades.
En el ámbito legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se han presentado iniciativas que buscan modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para prevenir situaciones similares a las que se han denunciado en Azul.
En este distrito, el bloque de concejales de La Libertad Avanza ha alertado que el Municipio de Azul ha estado cobrando de manera constante un 6% sobre la factura de los servicios sanitarios, a pesar de no contar con una norma vigente que respalde dicha percepción desde 2018.
De acuerdo con los representantes del partido, la Ordenanza 71/84, que establece el tributo, sigue en pie; sin embargo, el inciso que incluía a los servicios sanitarios fue derogado en diciembre de 2017. Como resultado, durante los años 2018, 2019 y 2020, este gravamen no fue incluido en el Código Fiscal ni en la Ordenanza Impositiva del municipio, careciendo así de un respaldo legal para su cobro.
En 2020, la administración municipal intentó reestablecer el cobro mediante convenios con las cooperativas prestadoras, pero en 2021, reiteraron la aplicación de una norma que ya había perdido su validez. Desde La Libertad Avanza argumentan que estos intentos carecen de sustento legal.
A pesar de la ausencia de un marco normativo adecuado, el cobro del 6% ha continuado figurando en los presupuestos municipales, con montos que se incrementaron de $8,6 millones en 2019 a $320,5 millones para 2025, y se proyectan $250 millones adicionales para 2026.
En respuesta a la denuncia, el Concejo Deliberante de Azul aprobó una iniciativa presentada por el bloque libertario que cuenta con el apoyo de toda la oposición. Se convocará al secretario de Hacienda municipal, Agustín Carús, para que explique la aplicación del 6%, presente la documentación correspondiente y aclare el destino de los fondos recaudados. Además, se ha pedido la intervención del Tribunal de Cuentas bonaerense y se han remitido las actuaciones al INAES para auditar la participación de las cooperativas en este cobro.
Fuente: NA
