La política de discapacidad se ha convertido en un punto crítico para el gobierno de Javier Milei, enfrentando múltiples desafíos que ponen en jaque su gestión. Desde 2022, el oficialismo ha sufrido siete votaciones adversas en el Congreso, incluidas insistencias contra un veto presidencial, además de decisiones judiciales que obligaron a reglamentar la emergencia.
El conflicto no solo involucra a la oposición, que se encuentra unida en torno a esta problemática, sino que también genera tensiones con aliados. Partidos como Pro y la UCR, así como algunos gobernadores que históricamente han apoyado al oficialismo, han comenzado a expresar su descontento. La Iglesia Católica también se ha pronunciado sobre la situación, con la visita del Papa León XIV a un centro de discapacidad programada para noviembre.
La oposición ha capitalizado esta situación, evidenciando la fractura dentro del gobierno. En una reciente sesión de Diputados, la mayoría opositora logró avanzar en la discusión sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad, obligando al oficialismo a cambiar de estrategia y a respaldar algunos proyectos impulsados por la oposición. Esto subraya un desafío significativo para Milei, quien había celebrado previamente el enfoque en cuestiones de política exterior como la situación de Malvinas.
La emergencia en discapacidad fue inicialmente aprobada el año pasado, pero el veto de Milei provocó un aumento en los votos a favor de su continuidad, reflejando la creciente presión en el Congreso. Los aliados del oficialismo, como Pro y la UCR, han comenzado a distanciarse, lo que complica aún más la situación política.
El conflicto ha escalado hasta llegar a los tribunales. A través del decreto 681/2025, el gobierno promulgó la ley de emergencia, aunque suspendió su aplicación debido a la falta de claridad en el financiamiento. Esto llevó a familias y prestadores a presentar amparos judiciales, solicitando sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. En febrero de 2023, el Poder Ejecutivo finalmente reglamentó la ley, pero las reclamaciones por una nueva prórroga continúan.
Las familias afectadas sostienen que los pagos no se han completado, argumentando que existe un déficit en la compensación a prestadores y en la actualización de honorarios. La diputada libertaria Silvana Giudici defendió la postura del oficialismo, afirmando que la emergencia se está cumpliendo, pero esta declaración ha sido cuestionada por la oposición.
Además, los gobernadores han expresado su preocupación por el impacto que esta situación tiene en sus provincias, ya que la falta de financiamiento a nivel nacional genera una mayor carga en los sistemas de salud provinciales. La discusión sobre discapacidad ha comenzado a afectar la cohesión del gobierno en un momento en que muchos gobernadores buscan revalidar su mandato.
Por otro lado, la situación se complica aún más por una causa judicial que investiga posibles actos de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Este caso ha alcanzado a figuras cercanas al presidente, incluyendo a su hermana y a su círculo más íntimo. La investigación se centra en posibles sobreprecios y direccionamientos en licitaciones, lo que podría tener graves repercusiones para el gobierno.
La situación de discapacidad, por lo tanto, se presenta como un frente abierto que podría complicar aún más la gestión de Milei, en un contexto donde la presión política y judicial se intensifica.
Fuente: La Nación
