La Corte Suprema de Justicia ha confirmado las sanciones impuestas al Banco Provincia de Buenos Aires y a sus directivos por violaciones a la normativa de prevención del lavado de activos. Esta decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los argumentos presentados por la entidad y los funcionarios sancionados como inadmisibles.
Las multas, que fueron determinadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la Resolución 281/2018, afectan a varios miembros del Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento y al propio Banco Provincia. Se les acusa de no haber reportado operaciones sospechosas y de carecer de los sistemas de control y monitoreo requeridos por la normativa antilavado, incumplimientos que se habrían producido entre los años 2010 y 2013.
Las sanciones se dirigen en particular a los directivos Diego Rodrigo, José Pampuro, Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera. El Banco Provincia, en su defensa, argumentó que su condición de banco provincial y las garantías derivadas del Pacto de San José de Flores le otorgaban un régimen jurídico propio que debería prevalecer sobre la normativa nacional.
Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal respaldó las sanciones, afirmando que la entidad está sujeta a la Ley 25.246 y su normativa reglamentaria, y que la actuación de la UIF no afectó su estatus jurídico especial ni las prerrogativas derivadas del mencionado pacto.
Tras la apelación presentada por el banco y después de escuchar la opinión de la Procuración General, la Corte decidió desestimar el recurso de apelación, manteniendo firme la sentencia, con la excepción del caso de Pampuro, cuyo fallecimiento fue confirmado.
Fuente: NA
