La ejecución del decomiso de los bienes de la familia Kirchner se ha convertido en un tema de creciente preocupación social. A casi 17 meses de la condena firme a Cristina Kirchner por administración fraudulenta, el Estado argentino no ha logrado recuperar ningún recurso sustraído a la ciudadanía.
La sentencia, que se dictó el 10 de junio de 2025, establece un monto de 684.990.350.139,86 pesos para el decomiso, cifra que fue ratificada por la Corte al desestimar quejas sobre su cálculo. Sin embargo, la restitución patrimonial permanece en un limbo, a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se espera desde finales de mayo.
Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban suspender el remate de los bienes. Los jueces determinaron que no existía un perjuicio actual que justificara tal suspensión, permitiendo así que continúe el trámite de ejecución. Sin embargo, esto no ha dado paso a las subastas, ya que persiste la cuestión ante el tribunal supremo.
Desde noviembre del año pasado, cada avance judicial ha sido seguido por nuevas impugnaciones, lo que ha contribuido a una dilatación del proceso que debería ser más ágil. La estrategia de las defensas ha logrado posponer la recuperación de los bienes, lo que plantea interrogantes sobre el límite del derecho de defensa frente a la necesidad de justicia.
Entre los bienes afectados se encuentra el departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. La Cámara de Casación ha mantenido embargos preventivos sobre 13 inmuebles vinculados a las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, a pesar de los intentos de las defensas por excluir ciertos bienes del proceso de decomiso.
La resolución que debe emitir la Corte es fundamental, pero no será el último paso en este proceso. Se deberán cumplir varias etapas antes de concretar el decomiso, incluyendo la valuación de las propiedades y la determinación de cuáles se destinarán al patrimonio del Estado.
La ciudadanía sigue a la espera de respuestas sobre cuándo se resolverá esta situación. La urgencia se intensifica con el inicio del juicio oral por Hotesur-Los Sauces, que también involucra a la familia Kirchner en serias acusaciones de reciclaje de activos.
Es imperativo que el Estado no solo imponga condenas, sino que también recupere los bienes y recursos que pertenecen a la sociedad. La falta de acción en este sentido plantea dudas sobre el compromiso real con la justicia y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Fuente: La Nación
