El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha publicado una actualización sobre la aplicación de la regla de «carga pública» para ciertos solicitantes de la green card. Esta directiva establece que determinados grupos, como aquellos con estatus de protección temporal (TPS), visa U o que se benefician de la Ley de Ajuste Cubano, quedan exentos de esta norma.
¿Quiénes son los beneficiarios de las exenciones?
La legislación migratoria federal incluye exenciones diseñadas para proteger a sectores vulnerables de la sociedad. Entre los solicitantes que no podrán ser rechazados por la regla de la «carga pública» se encuentran:
Solicitantes de asilo y refugiados.Inmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisión.Intérpretes de Afganistán e Irak.Entrantes cubanos y haitianos bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.Solicitantes de la Ley de Ajuste Cubano.Nicaragüenses y otros centroamericanos ajustando su estatus a residente permanente.Haitianos bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.Menores inmigrantes especiales.Solicitantes de registro presentes en EE.UU. desde antes de 1972.Solicitantes del TPS.
Además, la normativa incluye a víctimas de trata de personas y de actividades delictivas graves, así como a cónyuges e hijos de miembros de las fuerzas armadas que califiquen para beneficios militares.
Evaluación de la Carga Pública para Otros Solicitantes
A pesar de estas exenciones, el USCIS continuará evaluando la autosuficiencia de la mayoría de los solicitantes. Esto incluye a aquellos que presentan peticiones basadas en la familia y el empleo, así como a migrantes bajo categorías especiales. Los oficiales de inmigración examinarán si el solicitante puede convertirse en carga pública, considerando su situación financiera y la documentación pertinente.
Fecha de Implementación y Nueva Evaluación
La nueva reglamentación del USCIS entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. A partir de esta fecha, los oficiales podrán considerar la recepción de ayuda gubernamental para la evaluación de los solicitantes. Se enfatiza que cada caso será analizado bajo una perspectiva de totalidad de circunstancias, garantizando así un enfoque más humano y equitativo en el proceso de inmigración.
Fuente: La Nación
