La Cámara de Diputados bonaerense se encuentra en el epicentro de un escándalo institucional que ha generado gran preocupación. Recientemente, se reveló que durante una sesión en mayo, la mayoría de los legisladores decidió archivar un requerimiento judicial que buscaba identificar a quienes designaron a empleados fantasma, cuyos salarios eran cobrados por el puntero Julio «Chocolate» Rigau, vinculado al Frente Renovador y al Partido Justicialista.
Este hecho ha llevado al juez de Garantías Guillermo Atencio a denunciar a las autoridades de la Cámara por encubrimiento, alegando que la decisión podría implicar el ocultamiento de pruebas y entorpecer la investigación. La votación que tomó lugar en mayo se realizó sin debate y en medio de una jornada en la que se aprobaron múltiples resoluciones administrativas, lo que permitió que el expediente en cuestión quedara sepultado.
La situación se complica aún más al observar que prácticamente todas las fuerzas políticas estaban representadas durante la votación, lo que pone de manifiesto la gravedad del asunto. La única voz disidente fue la de Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, lo que indica que esta no es una disputa meramente partidaria, sino un problema que afecta a diversas agrupaciones políticas.
El caso comenzó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido mientras retiraba dinero de 48 tarjetas de débito ajenas en cajeros del Banco Provincia. Esta acción reveló un esquema que, según la investigación, implicaba a un gran número de personas formalmente empleadas en la Legislatura. Rigau fue identificado como el responsable de estos retiros, y se le relacionó con Claudio Albini, exfuncionario de la Cámara, y su hijo Facundo Albini, en una trama que se sospecha era parte de una estructura organizada para defraudar al Estado provincial.
A pesar de los requerimientos de la fiscal Betina Lacki para obtener los documentos de designación de estos empleados, la Cámara de Diputados optó por cerrar la puerta a la Justicia, eludiendo su responsabilidad. El Senado, por su parte, tampoco ha estado exento de controversias, ya que no abordó el pedido de desafuero de la entonces senadora radical Flavia Delmonte, acusada de participar en un esquema similar de corrupción.
La falta de acción y la burocracia parecen prevalecer cuando se trata de investigaciones que afectan a las cámaras legislativas. En lugar de ser un modelo de transparencia, estas instituciones parecen erigir barreras frente a la acción judicial, lo que alimenta una percepción de impunidad en el sistema.
La denuncia del juez Atencio no debe convertirse en un expediente más que se archive. Es crucial que se realice una investigación exhaustiva sin excepciones por el poder político de los involucrados. La idea de que una votación parlamentaria puede absolver responsabilidades penales en este contexto es alarmante.
El caso de Rigau ha expuesto un mecanismo de corrupción que podría haber estado operando durante mucho más tiempo del que se ha investigado. Si el Estado responde con silencio y dilación, se enviará un mensaje devastador: que en la provincia de Buenos Aires, la verdad puede ser enterrada cuando los intereses poderosos así lo decidan.
Fuente: La Nación
