El Senado de la Nación se reactivará esta semana para abordar el proyecto de ley de discapacidad, cuyo debate está programado para este miércoles a las 16 horas. La iniciativa, que mantiene los beneficios establecidos en la ley de emergencia, podría ser sancionada entre el 19 y el 26 de noviembre.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano será presidido por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tiene como objetivo obtener dictamen del proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados con un fuerte consenso entre oficialismo y oposición.
La aprobación de esta ley es fundamental para que el Gobierno responda a las demandas de los bloques aliados, quienes exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad. Esto es especialmente relevante a medida que se acerca el vencimiento de la ley de emergencia, previamente sancionada por la oposición y vetada por el presidente Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había mostrado su oposición a mantener el esquema existente, lo que llevó a la inclusión de artículos en el proyecto de Presupuesto 2027 que generaron tensiones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo logró avanzar al presentar una nueva iniciativa que conserva los ejes principales de la ley de emergencia.
Entre los artículos polémicos del presupuesto original se encontraban la eliminación del nomenclador único y del arancel unificado para prestadores, así como la derogación de la actualización mensual de aranceles y la supresión de la compatibilidad entre pensiones y empleo formal. La eliminación de estos puntos y la garantía de recursos para la nueva ley son exigencias de los bloques opositores.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, busca convertir las disposiciones en una norma permanente, asegurando beneficios a largo plazo. Entre sus principales características, se mantiene la compatibilidad entre el cobro de pensiones no contributivas por discapacidad y el desempeño de un empleo formal, así como la actualización automática de aranceles de prestaciones.
Además, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior a la del ejercicio fiscal anterior. También se implementará un sistema de auditorías periódicas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la norma.
Por último, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Fuente: NA
