El gobierno argentino ha salido a defender la intervención policial ocurrida durante la manifestación frente al Congreso, donde se debatió la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Este evento, que se desarrolló en un clima de tensión y lluvia, se transformó en una verdadera batalla campal que duró cerca de dos horas, resultando en 29 detenidos y numerosas personas heridas.
Desde la administración, se respaldó el accionar del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, quien fue visto en el lugar de los hechos portando un arma y sin uniforme. Este hecho fue denunciado por el diputado socialista Esteban Paulón, quien viralizó una fotografía en redes sociales. Fuentes oficiales afirmaron que el operativo policial fue coordinado bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad, y que se solicitó la participación de varias fuerzas federales.
Las autoridades explicaron que el comando unificado de seguridad empleó grupos de operaciones de infantería, así como brigadas de civil, para observar y actuar en caso de disturbios. «Los que están de civil cumplen tareas de observación para identificar grupos de choque que generan disturbios con piedras o palos», señalaron fuentes oficiales.
En relación al arma que portaba Gauna, se aclaró que se trataba de un armamento «no letal». Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre su actividad específica durante la manifestación, que incluyó el uso de carros hidrantes y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
El diputado Paulón ha solicitado un pedido de informes al Gobierno para que explique el uso de «agentes armados sin uniforme» durante la manifestación, quienes, según él, estaban presentes en un contexto donde la multitud se mantenía tranquila. Además, se reportó que al menos 1500 personas resultaron heridas durante los incidentes, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se pronunció en redes sociales afirmando que la respuesta ante la violencia es «ley y orden», y anunció que se presentó una denuncia penal para identificar a todos los responsables de los disturbios.
Fuente: La Nación
