El Gobierno de La Rioja ha tomado una decisión significativa al cerrar la empresa Colonia Cunícola y reconocer que varias de sus sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son deficitarias. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de vender estas empresas o de incorporar capital privado para mantenerlas a flote.
La revelación fue hecha por el secretario de Inversiones Públicas y Privadas, Gerardo Sánchez Volpini, quien indicó que la provincia ha tenido que disminuir la financiación de varias SAPEM (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria). Aunque no hay ninguna compañía formalmente en venta, el funcionario afirmó que cualquier oferta de compra recibida será evaluada.
Actualmente, La Rioja cuenta con 36 sociedades estatales en funcionamiento, y la admisión de pérdidas por parte del gobierno provincial marca un punto crítico en su modelo económico. No se trata de un análisis externo, sino de una declaración del propio Ejecutivo que reconoce las dificultades financieras que enfrenta.
El cierre de Colonia Cunícola, ubicada en Sanagasta, se presentó como un caso concreto que no pudo ser revertido. Según Sánchez Volpini, se han realizado acuerdos con los trabajadores afectados, ofreciendo la posibilidad de reintegrarse a otros proyectos.
A pesar de que el Gobierno justifica esta decisión en el marco de la crisis económica nacional y provincial, el hecho de que una empresa estatal no haya logrado alcanzar una salida viable plantea interrogantes sobre la eficacia de las SAPEM. La administración se enfrenta ahora al desafío de demostrar que estas entidades cumplen con sus objetivos productivos y analizar el costo que representan para el erario público.
La promesa de proteger las fuentes laborales se ha convertido en un criterio clave, aunque aún no se ha establecido un procedimiento público claro sobre cuáles SAPEM están en evaluación o cuál es el estado financiero de cada una. Esto ha generado incertidumbre sobre el impacto real de estas decisiones.
La situación actual no representa una venta consumada, sino que es una alerta sobre la situación de las empresas estatales. La administración de Quintela ahora debe afrontar la responsabilidad de demostrar que cualquier cambio no resultará en la socialización de pérdidas ni en la privatización de activos.
Fuente: NA
