El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha tomado la decisión de vetar de manera total una ley que establecía un sistema permanente para evaluar el cumplimiento y la eficacia de las normas provinciales. Esta iniciativa había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura, lo que ahora genera un conflicto interno dentro del oficialismo.
El veto, que fue registrado en la Cámara el 20 de agosto, fue decidido a través del Decreto 1.939/14, firmado por Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Desde el Poder Ejecutivo, se argumentó que el diseño del Sistema de Monitoreo Post Legislativo sobrepasaba las funciones de control político de la Cámara, invadiendo atribuciones reservadas al gobernador.
La propuesta, que llevaba el expediente 83-PL-26, fue presentada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse y contaba con el apoyo de diversas fuerzas políticas. Su objetivo principal era evaluar el grado de implementación y efectividad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo.
El mecanismo vetado permitía solicitar informes periódicos a los organismos encargados de ejecutar las leyes y creaba un Laboratorio de Medición de Impacto integrado por tres legisladores. Estos puntos fueron motivo de objeción por parte del Ejecutivo, que consideró que la solicitud sistemática de información podría interferir en la gestión diaria del gobierno.
En su veto, Jaldo citó artículos de la Constitución provincial que impiden que un poder ejerza atribuciones de otro y que reservan al gobernador la expedición de instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes. A pesar de reconocer la legitimidad del control parlamentario, el decreto sostiene que la estructura propuesta excedía ese límite.
A pesar de la justificación legal, el veto acarrea un costo político significativo. La ley había recibido respaldo unánime en la sesión del 30 de julio, incluidos legisladores que apoyan al gobernador. La autora de la propuesta, Carolina Vargas Aignasse, forma parte del peronismo y preside la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, lo que complica aún más la situación.
Durante el debate legislativo, los impulsores de la iniciativa argumentaron que muchas leyes quedan sin reglamentación o sin resultados visibles, citando ejemplos relacionados con adicciones y juego responsable. La herramienta pretendía generar informes que midieran la efectividad de la legislación, sin sustituir a los organismos ejecutores.
El gobernador no cuestionó la existencia de leyes incumplidas ni propuso un sistema alternativo de evaluación en su decreto. Su decisión se centró en la distribución constitucional de competencias, lo que significa que el mecanismo aprobado por la Legislatura no se promulgará y el seguimiento de las leyes seguirá dependiendo de solicitudes de informes y controles puntuales.
La oposición ha anunciado que intentará insistir con la norma, mientras que algunos miembros del oficialismo revisan el voto que emitieron en julio. Esta discusión no ha derivado aún en una nueva decisión legislativa, y no existe un pronunciamiento judicial que determine la constitucionalidad del proyecto, que es la base del veto ejercido por el Poder Ejecutivo.
El veto formaliza un conflicto entre Jaldo y una Legislatura que había aprobado la ley sin votos en contra. Como resultado, el sistema destinado a medir la aplicación efectiva de las leyes no entrará en vigencia.
Fuente: NA
