La situación en La Rioja se torna crítica para el gobernador Ricardo Quintela, quien enfrenta fuertes acusaciones por parte de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP). Docentes han denunciado descuentos en sus haberes que oscilan entre $300.000 y $400.000 tras participar en un paro.
Los recibos de sueldo correspondientes al mes de agosto fueron publicados el 2 de septiembre, revelando la magnitud de las deducciones. Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP, declaró que el gremio ha recibido múltiples comprobantes que evidencian la eliminación del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE) y que han remitido cartas documento al Ministerio de Educación en respuesta a esta situación.
El sindicato identifica a más de treinta docentes afectados, aunque la cifra inicial de casos reportados fue de entre 20 y 30. De Leonardi aclaró que el IPE, que equivale a aproximadamente $160.000 por cargo, puede ocasionar una pérdida significativa para aquellos que ocupan dos puestos, resultando en deducciones de hasta $400.000. Dicha quita representa una parte considerable del salario básico, que se sitúa en $348.581.
Los docentes han calificado los descuentos como “arbitrarios”, “extorsivos” y como una represalia por ejercer su derecho a huelga. Sin embargo, hasta el momento no hay sentencias judiciales ni resoluciones administrativas que cuestionen estas liquidaciones. El IPE fue concebido por el gobierno provincial como un incentivo relacionado con la asistencia a clases, lo que ha generado controversia entre los educadores.
AMP ha denunciado que este incentivo se ha convertido en un “presentismo encubierto”, ya que la pérdida del adicional se activa tras superar dos faltas, incluyendo situaciones de enfermedad o duelo. El sindicato exige que este monto se integre al salario básico para eliminar su dependencia de la asistencia.
En un giro inesperado, la Provincia había confirmado la continuidad del IPE hasta finales de 2026, presentándolo como una medida para asegurar el salario docente en medio de la reducción de fondos nacionales. Sin embargo, la actual situación refleja un cambio en este esquema, donde una suma inicialmente anunciada como un refuerzo se transforma en una deducción drástica al incumplir con requisitos de asistencia.
El impacto político para Quintela no solo proviene de este conflicto salarial. De acuerdo con De Leonardi, el temor a la pérdida del IPE ha provocado una disminución en la adhesión a la última huelga, lo que evidencia un efecto tangible sobre el ejercicio del derecho a la protesta. Ante esta situación, AMP ha tomado la decisión de judicializar los descuentos.
Fuente: NA
