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11 septiembre 2026, 11:03 pm

Crisis en la Justicia: Juicio Político contra la Jueza que Suspendió la Ley de Imputabilidad Juvenil

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El Senado bonaerense ha recibido tres pedidos de juicio político contra la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, tras su decisión de suspender la aplicación de la ley penal juvenil que reduce la imputabilidad a los 14 años. La resolución cautelar, que tiene una vigencia de 60 días, fue emitida hace cuatro días.

Las solicitudes fueron presentadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento por el diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi.

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La medida cautelar de Pascual, dictada en el caso “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”, ordena la suspensión preventiva de la Ley Nacional 27.801 en toda la Provincia de Buenos Aires. En su resolución, la magistrada ha convocado a una audiencia el 16 de septiembre, donde se espera que funcionarios de áreas como Seguridad, Justicia y Niñez informen sobre las acciones adoptadas para implementar el nuevo régimen.

Este nuevo régimen penal juvenil, sancionado en febrero, establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, contemplando un período de transición de 180 días para que las jurisdicciones adapten sus estructuras penitenciarias para la población adolescente.

La decisión de la jueza ha generado críticas desde el oficialismo y otros sectores políticos, que apuntan al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en respuesta a la situación. Además, la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual por supuesta «usurpación funcional y abuso de autoridad», solicitando intervenir como amicus curiae en el caso que frenó la normativa.

Esta ONG considera que la decisión de la jueza es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”, argumentando que viola la división de poderes al suspender una norma aprobada por el Congreso Nacional. A su juicio, la magistrada se basó en una «hipótesis de futuro» respecto a un posible aumento de adolescentes detenidos, lo que podría generar problemas de alojamiento.

Fuente: NA

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