La organización Nuevo Ambiente ha presentado un nuevo pedido ante el Ministerio de Ambiente bonaerense, alertando sobre la posible pérdida de 200.000 metros cuadrados de playa en Punta Lara, atribuida a la ampliación del murallón y la primera etapa del Paseo Costero.
Este reclamo se enmarca en un contexto de creciente controversia en torno a las obras que se realizan en la zona, que cuentan con financiamiento municipal. La ONG exige información sobre estudios y autorizaciones que respalden la intervención, incluyendo un Estudio de Impacto Ambiental y otros informes técnicos que evalúen el impacto de las obras en el ecosistema local.
La cifra de 200.000 metros cuadrados fue estimada por Nuevo Ambiente en relación al área cercana al camping de ATE, aunque no ha sido confirmada por una evaluación oficial. La organización sostiene que la primera fase de la obra, que abarca aproximadamente dos kilómetros, ha modificado la línea de ribera, reduciendo considerablemente la superficie de playa.
El nuevo pedido no solo critica a la Municipalidad, sino que también exige al organismo provincial de control que aclare su papel en el proyecto y presente la documentación técnica pertinente. Además, se solicita información sobre inspecciones, participación ciudadana y posibles medidas de mitigación y restauración del área afectada.
En respuesta a estas acusaciones, el secretario de Gestión Pública, Agustín Duscovich, defendió la legalidad de las obras, afirmando que se han realizado todos los estudios requeridos y que se cumplen con las normativas vigentes. Asimismo, atribuyó las críticas a motivaciones políticas de los miembros de la ONG.
Las afirmaciones contradictorias entre la organización ambientalista y la comuna han intensificado el debate público. Mientras Nuevo Ambiente sostiene que no se han llevado a cabo las evaluaciones necesarias, la Municipalidad asegura que existen los permisos correspondientes. Esta situación ha llevado a la necesidad de identificar qué organismo evaluó los impactos ambientales y bajo qué condiciones.
La costa del Río de la Plata en Ensenada, donde se ubica el área en cuestión, está declarada como Área Natural Protegida, lo que plantea interrogantes sobre si esta condición fue considerada en el análisis del proyecto. Tanto los humedales como las playas desempeñan un papel fundamental en la dinámica costera, afectando la erosión y la absorción del oleaje.
La magnitud de la obra y su costo político son evidentes. El Municipio ha informado que los primeros 100 metros de la segunda fase han incluido la instalación de 150 tablestacas y que se extenderá por más de 800 metros, lo que ha suscitado un debate sobre la naturaleza de la intervención: ¿protección del acceso público o alteración del ambiente ribereño?
Esta controversia se ha formalizado en un expediente abierto ante la autoridad ambiental de la provincia, donde se espera que se resuelva la situación con la documentación que aclare las acusaciones y los estudios realizados.
Fuente: NA
