Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) han manifestado su profunda preocupación ante el proyecto de ley que se discute en el Congreso, el cual busca integrar la figura del denominado «ecocidio» al Código Penal Argentino.
Este proyecto, que obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado, está programado para ser tratado en la próxima sesión legislativa. Su avance ha sido objeto de críticas por parte de otras entidades del sector, como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Riesgos de una Legislación Ambigua
CRA reconoce que la protección del ambiente es un objetivo esencial para la sociedad, pero advierte que este propósito no debe ser el pretexto para crear normas penales imprecisas y técnicamente deficientes que podrían entrar en conflicto con la Constitución Nacional. La entidad enfatiza que el Congreso debe legislar con rigurosidad y no bajo generalidades que generen incertidumbre y discrecionalidad.
La organización recordó que Argentina ya cuenta con un marco normativo robusto en materia ambiental, que incluye la Ley General del Ambiente y otras legislaciones provinciales, sugiriendo que el verdadero desafío radica en el cumplimiento efectivo de estas leyes existentes.
Indeterminaciones en el Proyecto
Desde CRA se plantea que el proyecto de ley introduce conceptos vagos como «daño ambiental irreversible» y «afectación multiecosistémica», lo que podría comprometer el principio de legalidad consagrado en la Constitución. Esta falta de claridad podría dar lugar a una aplicación desigual de la ley, afectando la igualdad ante el poder punitivo del Estado.
Además, se destaca que la propuesta configura una ley penal en blanco, que podría resultar en que una misma conducta sea considerada delito en algunas jurisdicciones y no en otras, socavando así la uniformidad del derecho penal argentino.
Impacto en el Sector Productivo
CRA también expresó su inquietud por la amplitud de las penas previstas, que podrían llevar a productores y trabajadores a enfrentar procesos penales por decisiones tomadas dentro de un marco legal. La amenaza de sanciones desproporcionadas podría desincentivar las inversiones y promover una judicialización de la actividad económica.
El sector agropecuario, que opera bajo estrictas normativas, no debería ser sometido a la sospecha a través de una figura penal que no distingue entre actividades productivas lícitas y conductas dañinas.
Consecuencias para Diversos Sectores
CRA advierte que este proyecto podría tener repercusiones no solo en el agro, sino también en la industria, la minería, y otros sectores que utilizan recursos naturales. La falta de precisión normativa podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y decisiones judiciales contradictorias.
Para la entidad, es esencial que la protección ambiental se base en políticas públicas efectivas, y no en la creación de delitos ambiguos que amplíen el poder punitivo del Estado.
Un Llamado a la Responsabilidad Legislativa
Por estas razones, CRA ha instado a los legisladores a que revisen el proyecto con responsabilidad institucional y respeto por los principios constitucionales. La entidad concluye que la defensa del ambiente debe ir acompañada de seguridad jurídica y un marco normativo claro que no obstaculice el desarrollo productivo.
“La Argentina necesita reglas claras y previsibles, no nuevas herramientas de incertidumbre”, sentenció CRA, sugiriendo que la revisión del proyecto de ley sobre ecocidio es crucial para garantizar la legalidad y la equidad ante la ley.
Fuente: Info Campo
