La Cámara de Diputados de La Pampa ha sido asignada una partida de $22.576 millones para su funcionamiento durante el año 2026, lo que implica un costo de $752,5 millones anuales por cada uno de sus 30 representantes.
Este monto ha suscitado un nuevo análisis sobre la estructura política provincial en un contexto marcado por reclamos de austeridad y control del gasto público.
Los datos provienen de un estudio anual elaborado por la Fundación Libertad, que examina los presupuestos legislativos de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para determinar el costo por legislador, se divide la asignación total del Poder Legislativo entre el número de representantes que lo conforman.
En el caso de La Pampa, esto se traduce en un gasto promedio de $62,7 millones mensuales por banca, lo que equivale a más de $2 millones diarios. Este monto no solo abarca la dieta de cada diputado, sino que incluye todos los gastos operativos de la institución, como salarios de personal, asesores, servicios y bienes necesarios para su funcionamiento.
En comparación con otras jurisdicciones, La Pampa ocupa el puesto 20 entre las 24 analizadas, quedando por debajo del promedio nacional, que se sitúa en $1.531 millones anuales y cerca de $128 millones mensuales por legislador. A pesar de esta posición relativa, el presupuesto de la Cámara pampeana supera los $22.500 millones para un cuerpo unicameral de solo 30 miembros.
El estudio revela que los poderes legislativos provinciales, en su conjunto, demandarán $1.835.300 millones durante 2026. Esta cifra corresponde a 32 cámaras, ya que ocho provincias tienen sistemas bicamerales, abarcando un total de 1.199 legisladores.
En aquellas provincias donde se ha podido desglosar la información, se estima que aproximadamente el 84 por ciento del gasto se destina a personal.
En términos de comparación, La Pampa se encuentra por encima de Mendoza, que tiene un costo de $471 millones anuales por representante, y de Jujuy, con $596,7 millones. En el extremo opuesto, Tucumán lidera el ranking con $3.725 millones por banca, mientras que San Luis presenta el menor costo individual, con $176 millones.
Es importante resaltar que esta medición no evalúa la calidad de las leyes ni la efectividad de cada diputado, sino que ofrece una perspectiva sobre el gasto público destinado al funcionamiento del Poder Legislativo y permite realizar comparaciones entre diferentes estructuras.
Esta distinción es crucial para no confundir el costo institucional por escaño con un ingreso personal, además de subrayar la necesidad de que una partida de tal magnitud tenga una ejecución eficiente y resultados claros.
Fuente: NA
