Trabajadores de cooperativas llevaron a cabo una protesta pacífica frente a la Municipalidad de La Banda el pasado 8 de septiembre, con el objetivo de reclamar pagos y contratos de servicio para aquellos que acreditan antigüedad.
La manifestación se produce en un contexto político complejo, ya que se desarrolla en el tramo final de la gestión del intendente Roger Nediani, quien dejará el cargo el 31 de octubre. Esta situación se da pocos días después de que el municipio formalizara el pase a planta permanente de 214 agentes municipales.
Los protestantes se concentraron frente al edificio comunal, portando carteles y bombos, sin interrumpir el tránsito. Sus reclamos se centraron en dos ejes principales: la obtención de los pagos requeridos y el acceso a contratos de locación de servicios para aquellos con mayor antigüedad.
A pesar de la importancia del reclamo, no se han hecho públicos detalles sobre la cantidad de personas involucradas, el concepto de cada pago y los montos correspondientes, lo que dificulta cualquier estimación precisa sobre la situación.
El conflicto cobra relevancia en un momento de transición hacia la administración de Llamil Abdala, quien asumirá el cargo tras la gestión de Nediani. La formalización del pase a planta de los 214 empleados se realizó mediante un decreto en agosto, y aunque se desconoce si los cooperativistas cumplían con los requisitos para ser incluidos, la situación plantea un contraste laboral y político significativo.
La administración saliente cuenta con un presupuesto municipal de $64.278.964.869,44 para el año 2026, aprobado en enero. Aunque no se puede determinar si existen partidas disponibles para satisfacer los reclamos, este monto demuestra que el municipio tiene capacidad financiera para gestionar prioridades.
La rapidez con la que se aprobó el presupuesto generó críticas en el ámbito político, especialmente por la ausencia del secretario de Economía en una de las reuniones clave. Sin embargo, esto no implica necesariamente una irregularidad contable.
A lo largo del año, la gestión municipal había anunciado incrementos salariales para empleados de planta y acuerdos con sindicatos. No obstante, los cooperativistas señalaron que su situación laboral es diferente, ya que realizan tareas sin la estabilidad y el encuadre requerido, lo que motivó su movilización.
Hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que reconozca una deuda individual, por lo que el incumplimiento de las demandas se atribuye a quienes participaron en la protesta.
Este episodio ha tenido un impacto notable en la imagen del gobierno saliente, que se presenta como un defensor de la antigüedad laboral, pero que se enfrenta a la realidad de otro grupo que también reclama por contratos y estabilidad.
Fuente: NA
