El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ha implementado un pago extraordinario de $500.000 destinado exclusivamente a aquellos docentes que no participaron en paros durante el primer semestre del año. Esta decisión ha suscitado la denuncia del gremio docente ADOSAC, que califica la medida como una forma de extorsión y un intento de dividir y castigar a quienes ejercieron su derecho a la huelga.
La controversia escaló cuando Juan Manuel Valentín, representante de ADOSAC en Río Gallegos, acusó al gobierno de optar por la extorsión en lugar del diálogo, señalando que el monto del premio supera ampliamente la recomposición salarial acordada durante las negociaciones. A través del Decreto Provincial 673/26, este beneficio se extiende a docentes, supervisores, directivos y personal de apoyo que asistieron a todas las jornadas laborales desde febrero hasta el 30 de junio.
El gobernador presentó el pago como una “caricia” a quienes cumplieron con sus obligaciones, pero el esquema establece una clara distinción entre los trabajadores del mismo sistema: aquellos que no adhirieron a huelgas podrán cobrar el bono, mientras que los que sí lo hicieron quedan excluidos.
Según ADOSAC, esta medida contradice el argumento oficial de que no había fondos suficientes para mejorar la oferta salarial durante el conflicto. El sindicato sostiene que si esos recursos se hubieran incorporado a la recomposición salarial en marzo, la disputa no habría alcanzado tal magnitud. Valentín estima que el aumento del 10 por ciento acordado para julio representa entre $220.000 y $230.000 para un docente de doble cargo, lo que hace que el bono selectivo sea más del doble de esa cifra.
Sin embargo, este bono no se incorpora al salario básico ni afecta antigüedad, aguinaldo o jubilación, lo que genera cuestionamientos sobre su impacto real. ADOSAC también ha señalado que la crisis no se limita a esta situación, ya que la mayoría de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza y enfrenta problemas de infraestructura en las escuelas.
El gremio ha destacado el caso del Secundario 10 de Río Gallegos, donde se suspendieron actividades debido a fallas estructurales. Esto contrasta con el discurso del gobierno sobre una “inversión histórica” en educación. Además, Vidal ha anunciado que devolverá, de manera excepcional, los descuentos aplicados por huelgas previas, pero a partir de ahora, cada día no trabajado será descontado.
El decreto que establece el pago no ha sido declarado inconstitucional y no existe una resolución judicial que impida su ejecución. Sin embargo, el sindicato aduce que esta medida condiciona el ejercicio del derecho a huelga y plantea interrogantes sobre la legalidad de la misma. Ahora, el Ejecutivo enfrenta dos discusiones: la legalidad del mecanismo y la justificación de priorizar un pago extraordinario sobre mejoras salariales generales.
La próxima información pública se centrará en la nómina de beneficiarios y el costo total del programa. Sin estos datos, la administración de Vidal podría ser vista como una estrategia para enfrentar a un sector de la docencia contra otro, mientras se mantienen pendientes las negociaciones salariales y la situación crítica en las escuelas.
Fuente: NA
