El gobierno de Santa Cruz ha emitido un decreto que permite, de forma excepcional, la venta de un terreno en la Península de Magallanes, un área protegida frente al glaciar Perito Moreno. Este terreno ha sido asignado a una empresa nacional con capitales extranjeros, que fue constituida recientemente con el objetivo de construir 24 ecocabañas y establecer tres circuitos de senderismo.
La decisión ha generado un fuerte debate en la comunidad local, especialmente entre los sectores empresariales, turísticos y ambientalistas que se oponen a la construcción en esta área, que se considera prístina y que ha sido objeto de protección ambiental desde hace años. El decreto, firmado por el gobernador Claudio Vidal, representa una excepción a la normativa provincial vigente desde 2017, que prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas.
La empresa beneficiada, Lacustre del Sud SA, gestionará la operación inmobiliaria en favor de ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad anónima unipersonal constituida recientemente. El único accionista de ASB Hospitality Calafate SAU es ASB Hospitality LLC, una empresa registrada en Dubai. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre la extranjerización de tierras en un contexto en el que el acceso a la información sobre el proyecto ha sido limitado.
El plan incluye la construcción de un ecoalojamiento, así como senderos que cumplen con el Plan de Manejo del Área Natural Protegida. A pesar de esto, el proyecto ha sido recibido con escepticismo. Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, ha asegurado que se han tomado medidas para minimizar el impacto ambiental, incluyendo un sistema de volcamiento cero y el uso de energías renovables.
La Península de Magallanes ha sido objeto de controversia durante décadas, con propietarios de tierras que han litigado ante la Corte Suprema por restricciones impuestas por el gobierno provincial. A pesar de que el área fue loteada en la década de 1960, los intentos de desarrollo han sido limitados. En 2021, la Corte falló a favor de los propietarios, lo que llevó a la creación de un plan de manejo ambiental en 2022.
Con la reciente aprobación del decreto, el Concejo Deliberante local ha expresado su preocupación, señalando que la comunidad de El Calafate, que está más cercana a la zona afectada, no ha tenido la oportunidad de opinar sobre este proyecto turístico, que podría abrir las puertas a la inversión extranjera en un área que históricamente ha sido defendida por sus características naturales.
Fuente: La Nación
