El creciente problema de la morosidad en los créditos familiares ha generado una fuerte preocupación en el Congreso, donde entre 2025 y 2026 se han presentado 30 proyectos de ley con el objetivo de mitigar el endeudamiento de los hogares argentinos. Un informe del Ieral de Fundación Mediterránea sostiene que el inconveniente no se debe a un exceso de crédito, sino a un fenómeno de subdesarrollo financiero que afecta al país.
El diagnóstico del informe plantea que la situación actual del crédito en Argentina se diferencia significativamente de la de otros países de la región. Mientras que en Brasil y Chile el crédito bancario al sector privado representa cerca del 75% del Producto Bruto Interno (PBI), en Argentina esta cifra apenas alcanza el 16%. Esto limita la capacidad de la economía para transformar ahorro en inversiones, afectando tanto el crecimiento económico como el consumo.
Los proyectos de ley en discusión abordan cuatro ejes principales: la regulación de tasas y del crédito responsable, programas de refinanciación y alivio de deudas, mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados, y la protección de usuarios financieros frente a prácticas abusivas. Un dato relevante es que el 54% del stock de créditos familiares se concentra en tarjetas de crédito (26%) y préstamos personales (28%).
A pesar de la reciente recuperación del crédito al sector privado, que creció aproximadamente 130% en términos reales entre enero de 2024 y fines de 2025, la morosidad ha aumentado. Este fenómeno se atribuye a factores como el freno en la licuación de cuotas, el incremento de las tasas de interés reales y un mercado laboral con salarios estancados. La mora en préstamos personales de bancos ha escalado del 4-5% en 2023 al 15% en abril de 2026, mientras que en tarjetas de crédito bancarias ha subido del 2% al 11%.
Por otro lado, la carga tributaria del crédito es un factor determinante en su costo. Entre un 25% y 33% del costo financiero total que asumen los tomadores de crédito se destina a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esto incluye el IVA y otros tributos que incrementan significativamente el costo de financiamiento, afectando a las jurisdicciones con mayor carga tributaria como Córdoba Capital y La Matanza.
Fuente: La Nación
