Una familia gitana ha sido condenada a diez años de prisión por la captación, traslado y explotación de una adolescente desde los 13 años, además de forzarla a casarse con uno de sus miembros. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó las penas impuestas a Isabel y Alberto Cristo, así como a su hijo Franco.
La joven fue captada en la provincia de Neuquén mediante el pago de $825 mil a sus padres, siendo obligada a unirse en matrimonio con Franco, quien tenía 20 años, entre marzo y abril de 2022. Posteriormente, fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024, sufriendo diversas formas de explotación.
Durante su cautiverio, la adolescente fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, que incluyeron golpes, quemaduras con cigarrillos y amenazas. Además, se le obligó a realizar tareas de venta ambulante y labores domésticas, debiendo entregar todo el dinero que obtenía bajo la amenaza de no recibir alimentos.
En diciembre de 2024, la víctima logró regresar a San Juan, pero en abril de 2025, sus captores intentaron llevársela nuevamente en una camioneta. A pesar de su intento de escape durante una detención del vehículo, fue forzada a regresar. Este hecho fue denunciado al 911 y quedó registrado por cámaras de seguridad.
La intervención de la policía resultó en el rescate de la adolescente y su hijo. En mayo, el Tribunal Oral Federal de San Juan impuso las condenas a los tres acusados y estableció una reparación económica de $75 millones para la víctima. La Cámara de Casación, a través del juez Daniel Petrone, afirmó que existieron pruebas contundentes que respaldaron el testimonio de la joven, incluyendo su declaración en Cámara Gesell.
Petrone subrayó que el matrimonio, celebrado bajo los ritos de la comunidad gitana, constituyó un matrimonio infantil y forzoso, argumentando que la adolescente, por su edad y vulnerabilidad, no podía otorgar un consentimiento válido. Además, enfatizó que la pertenencia a dicha comunidad no exime a los acusados de su responsabilidad penal.
Fuente: NA
