El Gobierno ha decidido otorgar un bono de $50.000 al personal activo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta medida, considerada excepcional, se hará efectiva por única vez y el pago se realizará junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026.
Los detalles de la medida están contenidos en los decretos 695/2026 y 696/2026, que fueron publicados en el Boletín Oficial. El primer decreto se dirige al personal dependiente del Ministerio de Defensa, mientras que el segundo abarca al personal del Ministerio de Seguridad Nacional. En ambos casos, la suma será remunerativa y no bonificable, y cada beneficiario podrá recibirla solo una vez.
El costo del bono será cubierto por los créditos presupuestarios asignados a cada una de las jurisdicciones implicadas dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. La firma de las normativas corresponde al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Diego Santilli y, dependiendo del caso, al ministro de Defensa Carlos Alberto Presti o a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.
En el decreto del área de Defensa se incluye al personal militar activo de las Fuerzas Armadas, así como al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil que realiza funciones en Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El Gobierno argumenta que es necesario adecuar los ingresos del personal alcanzado para asegurar una retribución justa acorde a sus responsabilidades.
El segundo decreto se extiende a los gendarmes en actividad de la Gendarmería Nacional, a los alumnos de esa fuerza, así como a los integrantes activos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal. También serán beneficiados el personal y los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.
Además, el bono también será recibido por el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, un organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. La medida busca reconocer y mantener una adecuada jerarquización de los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales, tomando en cuenta la capacidad y dedicación requeridas para el desempeño de sus funciones.
Los decretos autorizan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a establecer las normativas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de esta medida.
Fuente: La Nación
