La Argentina se posiciona como el país con mayor morosidad en América Latina, alcanzando un 7,3% de su cartera en situación irregular, cifra que duplica el promedio regional de 2,78%, según un reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
El mismo reporte destaca que el país presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, con apenas un 14,3%, en contraste con un promedio latinoamericano que asciende al 47,3%. Esta situación implica que el crédito en Argentina es casi tres veces inferior al de sus pares en la región, a pesar de contar con el índice de deuda más elevado.
A nivel regional, la morosidad ha mostrado una tendencia creciente, y la cartera vencida en América Latina experimentó un aumento del 10% respecto a diciembre de 2025, alcanzando en marzo de 2026 cerca de US$104.621 millones.
La brecha en morosidad se hace evidente al comparar el 7,3% argentino con naciones que presentan indicadores más favorables, como es el caso de Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) y República Dominicana (1,1%). En el otro extremo, Brasil y Colombia tienen tasas de morosidad del 4,3% y 3,7%, respectivamente.
Al mismo tiempo, la Argentina se enfrenta a niveles de cobertura de crédito inusualmente bajos, con un indicador de 84%, lo que la convierte en uno de los pocos países de la región, junto con Panamá, que tienen menos del 100%% de cobertura. Este contraste es notable si se considera que naciones como República Dominicana, Uruguay y Ecuador tienen coberturas del 316%, 226% y 210%, respectivamente.
En cuanto a la composición de los préstamos en situación irregular, se estima que totalizan 14 billones de pesos, de los cuales casi dos terceras partes están concentradas en el sistema bancario tradicional. El tercio restante corresponde a fintechs y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.
La aceleración en el impago ha cobrado fuerza tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, un proceso que fue impulsado por la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria. Sin embargo, este aumento en la irregularidad también ha generado un debate político y económico.
El Gobierno nacional sostiene que las deudas que enfrentan alrededor de 7 millones de argentinos son un asunto privado y que no intervendrá. Por otro lado, analistas y sectores de la oposición sugieren que el Banco Central debería implementar medidas para apoyar a los deudores.
Fuente: NA
