A dos semanas de haberse habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya son alrededor de 420 los trabajadores que aceptaron adherirse al programa impulsado por el Gobierno, en el marco del fuerte proceso de reestructuración que atraviesa el organismo. La ventana para anotarse abrió el 4 de mayo y permanecerá vigente hasta el 15 de junio. La expectativa oficial es alcanzar unas 1200 desvinculaciones, un 21% del personal. Sin embargo, según diferentes fuentes, los trabajadores están condicionados por el reconocimiento de los años de planta no permanente.
Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del proceso dentro del organismo, existe preocupación por no llegar a esa cifra. En ese contexto, comenzó a analizarse un escenario alternativo que incluiría «el pase de personal a disponibilidad», una herramienta contemplada en la administración pública nacional para los casos de reorganización estatal. Esto podría derivar en un escenario conflictivo con el personal, consideran internamente. Además, destacaron que está la posibilidad de que, si no se alcanza la meta de retiros voluntarios prevista, se avance con recortes sobre programas técnicos y de investigación.
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En paralelo, trascendió que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente (PNP), aunque aclararon que el tema todavía está bajo análisis. Según indicaron fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para los años de PNP de los trabajadores que asumiría ArgenINTA. La Fundación es superavitaria y está integrada por representantes del sector público, entidades agropecuarias, universidades y miembros vinculados al sistema científico y productivo del país.
ArgenINTA actúa como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. Según se desprende de la propia fundación, trabaja en temas de “desarrollo territorial”, “seguridad alimentaria”, “productividad” y “mejoramiento de los sistemas socio productivos locales”.
Hoy el esquema de retiro voluntario está abierto para todos los trabajadores del organismo, tanto administrativos como personal de las estaciones experimentales.
En los pasillos del INTA sostienen que muchos empleados podrían esperar hasta último momento para adherirse al programa. La principal razón sería la expectativa de que eventualmente se contemple la antigüedad acumulada en planta transitoria al momento de calcular las compensaciones económicas. Actualmente, según indicaron distintas fuentes consultadas, solo se reconoce la antigüedad en planta permanente. Hay trabajadores que acumulan hasta diez años de PNP y que temen que no sean reconocidos a la hora de aceptar el retiro voluntario.
“Muchos están esperando a último momento para ver si liberan fondos contando la antigüedad de planta transitoria [PNP]. Porque hoy no les dan los números con solo planta permanente”, explicó una fuente conocedora de la situación. En el retiro voluntario anterior —al que adhirieron 297 trabajadores— sí se había contemplado la antigüedad transitoria dentro del cálculo final.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Agricultura vinculada al seguimiento del proceso aclararon a LA NACION que “por ahora no se contemplan los períodos de no permanentes” y que “no se planteó” avanzar bajo esa modalidad.
Vale recordar que en la última reunión del Consejo Directivo este fue el punto que más discusión generó. En esa instancia, los representantes de las entidades del agro y las universidades autorizaron al presidente, Nicolás Bronzovich, a firmar el retiro voluntario, con la salvedad de que desde Economía les aseguren la disponibilidad de los fondos para llevarlo adelante. Por ese entonces, parte de los directivos mencionaron que aún faltaba la reglamentación y, en ese sentido, pedían que se informe correctamente para que todo quedara claro.
El plan forma parte del proceso de ajuste y reorganización que impulsa el gobierno nacional sobre el organismo tecnológico. El esquema contempla un costo total que asciende a $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento. Hasta antes de poner en marcha el plan, el organismo contaba con alrededor de 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial de alcanzar 1200 retiros implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.
La propuesta alcanza al personal con al menos tres años de antigüedad y establece el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del agente. “La gratificación extraordinaria de egreso será abonada en un sólo pago, dentro de los treinta días de la fecha de cese, de conformidad con la normativa fiscal y previsional vigente”, se desprende del informe que fue tratado en la reunión del Consejo Directivo.
El pago se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese, mientras que la adhesión implicará la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.
Según explicaron las fuentes cercanas al proceso, dentro del Gobierno sostienen que, si logran alcanzar la cantidad prevista de retiros, no avanzarían en nuevos recortes sobre programas técnicos y de investigación dentro del INTA. La lectura que hacen es que los retiros compensarían el gasto generado en otras áreas, por lo que no habría necesidad de avanzar con nuevas medidas sobre el organismo.
En cambio, si no se alcanza el número esperado, en el organismo temen una profundización del ajuste. Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse aparece la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con ventas de tierras pertenecientes al INTA, además de nuevos recortes presupuestarios y de programas de trabajo.
La Nación
