Jonathan Kovalivker, copropietario de la droguería Suizo Argentina, ha solicitado la nulidad del allanamiento realizado en su residencia en Nordelta, donde las autoridades incautaron dinero en efectivo y documentos en el contexto de una investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La solicitud se presenta tras la decisión del juez Ariel Lijo de postergar la indagatoria de Kovalivker y su hermano, Emmanuel Kovalivker. Este planteo se enmarca en una ofensiva judicial contra audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que sugieren irregularidades dentro de la agencia.
La defensa, a cargo del abogado Martín Magram, argumenta que el procedimiento de allanamiento estuvo lleno de «irregularidades» y reclama la exclusión de la prueba obtenida durante el operativo. Magram sostiene que el registro no fue realizado conforme a la ley, describiendo el allanamiento como una serie de «improvisaciones». Además, cuestiona la llegada de la Policía sin una orden de allanamiento y el horario en que se llevó a cabo.
Durante el allanamiento, efectuado en la madrugada del 22 de agosto de 2025, las fuerzas de seguridad confiscaron más de 68 mil dólares y casi siete millones de pesos, junto con un dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad. Jonathan Kovalivker abandonó el lugar antes de que las autoridades llegaran, mientras que su hermano Emmanuel fue detenido en una calle del country con una suma significativa de dinero.
En un desarrollo adicional, el jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, ha sido procesado por presuntamente alertar a los Kovalivker sobre el inminente allanamiento. La defensa de Jonathan Kovalivker niega que este se haya fugado, afirmando que salió de Nordelta a la vista de los policías sin ser interceptado.
La estrategia de defensa busca cuestionar la validez de los audios que dieron origen a la investigación. Según el fiscal Franco Picardi, la droguería Suizo Argentina, a través de intermediarios, habría establecido un sistema de cartelización que habría permitido la cooptación de la ANDIS.
En un allanamiento previo en la sede de la droguería, se encontraron elementos que reforzaron las sospechas de los investigadores, incluyendo pasajes aéreos a nombre de un médico no empleado por la empresa, quien es investigado por su rol como intermediario.
La defensa ha solicitado la nulidad general de la investigación, argumentando que el allanamiento se fundamentó en grabaciones cuya autenticidad y legalidad se cuestionan. Mientras tanto, la investigación avanza y se espera una nueva tanda de indagatorias en la próxima semana.
Fuente: La Nación
