Un nuevo grupo de inversores damnificados ha presentado un recurso legal para apelar el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina Milei en el marco de la causa $LIBRA. Este movimiento busca evitar el cierre de la investigación que indaga sobre una posible estafa relacionada con la criptomoneda.
El escrito fue impulsado por Martín Romeo, quien fue querellante en la causa, junto a otros dos potenciales querellantes, todos representados por el abogado Nicolás Oszust. En el documento, los afectados argumentan la nulidad del dictamen emitido por el fiscal Eduardo Taiano, que sirvió de base para la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Los demandantes cuestionan la validez del sobreseimiento, señalando que este se sostiene en una resolución que aún no es firme y que no aborda el fondo del asunto. Aseguran haber sido perjudicados por lo que consideran una maniobra engañosa y rechazan la interpretación de que se trató de un «riesgo de mercado asumido». En cambio, sostienen que adquirieron el activo digital después de un anuncio presidencial, cuando ya se habían realizado 74 transacciones preposicionadas.
El recurso detalla que el pool de liquidez fue creado justo antes de que el Presidente anunciara públicamente el contrato, lo que genera sospechas sobre la transparencia del proceso. Los inversores afirman que, en el momento del lanzamiento, se realizaron transacciones por un total de USD 13,5 millones, lo que sugiere una planificación previa para la liquidación de los tokens adquiridos.
Además, los demandantes indican que hubo comunicaciones entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli justo antes y después de la publicación del contrato, lo que refuerza sus acusaciones de coordinación indebida. Sostienen que estas circunstancias desmienten la idea de un mercado volátil y que los compradores asumieron un riesgo auténtico.
En relación a la acusación de tráfico de influencia y cohecho contra Karina Milei, los inversores argumentan que existió un acuerdo de USD 1.550.000 para que el Presidente interviniera en la situación. A pesar de que el fiscal Taiano determinó que no hubo delito, los afectados critican que se basara en un informe de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo liderazgo corresponde a la hermana del mandatario. Los inversores consideran que esta justificación es insuficiente y que el fiscal actuó como abogado defensor de los implicados.
Fuente: NA
