Un reciente informe de J.P. Morgan Chase ha colocado a la Argentina entre las naciones de la región con mayor presión impositiva, destacando que la estructura tributaria actual genera efectos distorsivos en la actividad económica. Este análisis profundiza especialmente en los impuestos provinciales y el impuesto sobre los ingresos brutos.
El reporte señala que el impuesto a los ingresos brutos presenta alícuotas que oscilan entre el 1% y el 5% en las 24 provincias, gravando de manera acumulativa las diferentes etapas de la cadena de producción y comercialización. En el sector bancario, las tasas son aún más elevadas, con dos tercios de las provincias aplicando alícuotas de entre 8% y 9% sobre los intereses totales.
Un análisis adicional realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) indica que, debido al diseño del impuesto sobre los ingresos brutos y las altas tasas municipales, Argentina se posiciona sin comparables entre los 30 países más relevantes del G-20 y Sudamérica. No obstante, el problema no solo radica en la cantidad que se paga, sino en cómo está estructurado el sistema tributario.
El informe también destaca la superposición de potestades tributarias entre la Nación, provincias y municipios, lo que genera una fragmentación que incrementa el costo de cumplimiento y afecta las decisiones de inversión. Esta situación es consistente con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en mayo de este año calificó el sistema argentino como complejo, distorsivo e inestable.
La recaudación tributaria del gobierno nacional se estima en aproximadamente 27% del PBI para 2025, un número elevado para la región, que se vuelve aún más significativo en el sector formal, ya que está afectado por una informalidad cercana al 45%. Así, la presión fiscal en el sector formal alcanzaría el 56%.
En resumen, el país enfrenta una carga tributaria excesiva y una estructura que penaliza la actividad económica a través del impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto tiene un efecto cascada que afecta negativamente la competitividad y encarece los costos de producción, incluso en las exportaciones. La OCDE ha señalado que este tributo actúa como una barrera económica interprovincial debido a las distintas alícuotas y normativas en cada jurisdicción.
A pesar de que algunos incentivos a la inversión pueden mitigar parcialmente esta carga, el tema tributario requiere un debate profundo que involucre a todos los sectores para alcanzar un consenso nacional que permita una solución definitiva a estos problemas.
Fuente: La Nación
