El 1° de noviembre de 2021, la salida de Elena Highton de Nolasco marcó un momento histórico para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando al tribunal compuesto únicamente por hombres. Desde entonces, la Corte ha funcionado con tres miembros sobre cinco, y la decisión sobre las dos vacantes disponibles ha sido postergada para el año próximo. Esta situación ha suscitado preocupación, especialmente en un contexto donde algunos gobernadores están impulsando a un candidato que ya había sido rechazado.
Históricamente, la ausencia de mujeres en la Corte no es un fenómeno inédito. En más de 160 años, solo tres juristas han logrado integrar el tribunal: Margarita Argúas en 1970, y ya en democracia, Highton y Carmen Argibay en la década de 2000. Tras la muerte de Argibay en 2014 y la renuncia de Highton, el tribunal ha regresado a una composición exclusivamente masculina.
Es importante aclarar que la crítica no se basa en un reclamo de cupo o en la idea de que ser mujer sea suficiente para ocupar un cargo en la Corte. Se trata de un argumento más profundo: la legitimidad de un tribunal que decide sobre la vida de todos los argentinos se fortalece cuando sus integrantes reflejan la diversidad de la sociedad. En Argentina, existen numerosas mujeres con la formación y experiencia necesarias para ocupar esos puestos.
A pesar de que en 2003 se estableció un decreto que recomendaba considerar la diversidad de género en las propuestas de jueces para la Corte, este criterio fue eliminado en junio de 2023, justo en un momento en que hay vacantes por cubrir. La eliminación de esta pauta ha sido criticada, dado que el Estado parece haber perdido una oportunidad de considerar la composición del tribunal.
El problema de representación de las mujeres en la justicia no se limita a la Corte. Según el último Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte, las mujeres representan el 54% del personal de la Justicia nacional y federal, pero solo el 24% de los cargos de camaristas. Este desbalance se ha mantenido desde 2011, lo que sugiere que la falta de representación no se debe a una falta de vocación o preparación, sino a mecanismos de selección que favorecen a ciertos candidatos.
La falta de mujeres en la Corte refleja un patrón más amplio dentro del sistema judicial. En el caso de las vacantes, el presidente propone candidatos y el Senado debe aprobarlos, lo que implica un proceso de negociación política. Sin embargo, es crucial que la discusión se centre en el perfil que requiere el tribunal para cumplir adecuadamente su función, en lugar de limitarse a quién apoya a quién en el ámbito político.
La postergación de la decisión sobre las vacantes puede interpretarse como una oportunidad para replantear cuestiones fundamentales. Preguntas como los criterios de selección de los candidatos y el papel de la sociedad en ese proceso son esenciales para mejorar la transparencia y legitimidad del tribunal. La eliminación de instancias de observación ciudadana también debe ser revisada, ya que estas permitían a la sociedad participar en la evaluación de los candidatos propuestos.
El hecho de que una Corte esté compuesta solo por hombres no significa que no pueda emitir fallos justos. Sin embargo, cuando un tribunal toma decisiones sobre la vida de millones de mujeres sin contar con su perspectiva, se pierde una valiosa dimensión en el proceso deliberativo. En un contexto donde la justicia enfrenta cuestionamientos, esta realidad cobra aún más relevancia.
Hoy, después de casi cinco años sin una mujer en la Corte, es fundamental evitar que esta situación se prolongue aún más.
Fuente: La Nación
