La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante una reciente sentencia del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, en Formosa. Este fallo condenó a cuatro periodistas del equipo de “Hambre de Futuro” de LN+ a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 cada uno, por realizar entrevistas y grabaciones en la Comunidad San José.
Los comunicadores Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán fueron considerados responsables de violar el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, ya que desarrollaron su labor sin la autorización previa requerida y sin un carnet que los habilitara como periodistas.
Un ataque a la libertad de prensa
ADEPA califica como inadmisible que un conflicto relacionado con el ejercicio del periodismo haya resultado en una sanción penal. La organización sostiene que la libertad de prensa es fundamental para permitir a los periodistas investigar, entrevistar y difundir información de interés público sin restricciones que contradigan las garantías constitucionales.
El comunicado de ADEPA subraya que, en Argentina, no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo. La organización recuerda que la Constitución Nacional protege el derecho a buscar, recibir y comunicar información, y que esta libertad no puede depender de la obtención de credenciales estatales.
Contradicciones en el fallo judicial
ADEPA destaca que la sentencia contradice los principios establecidos en la Constitución, especialmente cuando el juez argumenta que sin acreditación, cualquiera podría autodenominarse periodista. Según la asociación, es alarmante que en 2026 se desconozcan principios elementales de libertad de prensa y estándares internacionales en derechos humanos.
El fallo también reconoce que los periodistas habían sido autorizados inicialmente a realizar sus actividades y que se retiraron cuando se les solicitó. ADEPA cuestiona la validez de la decisión judicial, que se basa en la denuncia del cacique Guillermo López, cuya versión contradice los testimonios de los periodistas y es desmentida por los registros audiovisuales de sus reportajes.
Un llamado a la revisión del fallo
La Asociación de Entidades Periodísticas considera esencial que este criterio judicial sea revisado, ya que convertir una credencial en un requisito para ejercer el periodismo puede establecer un mecanismo de habilitación previa incompatible con la democracia. Además, enfatiza que la exigencia de autorizaciones estatales para realizar tareas periodísticas no debe utilizarse para restringir el acceso a información de interés público.
ADEPA concluye que este precedente debe ser rechazado categóricamente por sus implicancias sobre la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a recibir información.
Fuente: La Nación
