Un juez ha ordenado la clausura inmediata del Pabellón 5 de la Alcaidía de General Pico, tras constatar una grave sobrepoblación: 76 detenidos para apenas 39 camas. Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene han llevado al magistrado a tomar esta drástica decisión.
La resolución fue emitida por el juez de Ejecución Penal Jorge Mauricio Pascual, quien consideró que las condiciones de detención excedían lo tolerable para personas bajo custodia estatal. Un relevamiento realizado el 4 de septiembre evidenció la crítica situación y la decisión fue comunicada el 7 del mismo mes.
En el establecimiento se encontraban 47 condenados y 29 procesados en una instalación diseñada para 39 internos. La falta de espacio llevó a que 37 detenidos no tuvieran acceso a una cama individual, obligándolos a dormir en el piso de cemento o en colchones en mal estado.
El Pabellón 5, que originalmente estaba destinado como sector de aislamiento, se utilizaba para alojamiento colectivo, con hasta nueve internos en una celda. Las condiciones eran alarmantes: falta de ventilación, humedad, filtraciones y un número insuficiente de sanitarios.
Ante la ausencia de inodoros, algunos detenidos debían hacer sus necesidades en baldes o en un hueco conectado a la cloaca. Además, el informe reveló la presencia de aguas servidas, insectos y roedores, junto con restricciones en el acceso a productos básicos como jabón y papel higiénico.
El juez ha intimado al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial a que tome medidas inmediatas, como la provisión de camas, colchones y sábanas, así como la reparación de las redes sanitarias y el restablecimiento del suministro de agua potable durante la noche. También se ha ordenado la reubicación de los internos del pabellón clausurado.
Este fallo se produce en un contexto donde la Provincia ya había licitado en 2024 la ampliación y refacción de la Alcaidía, un proyecto cuyo plazo de ejecución ha vencido sin que se evidencien avances en la obra. La privación de libertad no justifica que el Estado someta a las personas a condiciones inadecuadas, y el juez fundamentó su decisión en la Constitución Nacional y normas internacionales sobre derechos humanos.
La responsabilidad política recae sobre el Ejecutivo provincial, que debe garantizar un alojamiento digno y condiciones de detención adecuadas, aunque la clausura haya sido dispuesta por un poder judicial independiente.
Fuente: NA
