El Gobierno argentino ha formalizado un acuerdo con Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, para implementar un servicio de conectividad en 6000 escuelas rurales a nivel nacional. Este anuncio, hecho por el presidente Javier Milei a finales de julio, ha generado expectativas, pero también ha revelado importantes costos asociados para el Estado.
Según la resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada recientemente, el acuerdo incluye un contrato de donación con Starlink Argentina y un convenio que involucra al Ministerio de Capital Humano. Aunque Starlink proporcionará los kits y 24 meses de servicio, el Estado deberá desembolsar cerca de US$12 millones para la implementación y sostenimiento del programa durante los primeros tres años.
El costo total del programa asciende a casi US$21,9 millones, considerando que el aporte de Starlink está valuado en alrededor de US$9,9 millones. Durante el primer año, Enacom deberá pagar US$4.266.000 más IVA para cubrir la instalación de los kits y otros servicios técnicos. En los años dos y tres, se prevén pagos adicionales de US$2.016.000 más IVA cada año, junto con US$3.600.000 por 12 meses adicionales de servicio de internet.
El contrato también establece que la instalación de los kits se realizará exclusivamente a través de distribuidores autorizados en el país, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia en el proceso. Desde Enacom aclararon que no se realizó una licitación porque Starlink presentó una propuesta directa para donar los equipos.
Especialistas en telecomunicaciones han señalado que es necesario evaluar el costo final del servicio para las escuelas una vez termine el financiamiento inicial. Algunos argumentan que el costo mensual por escuela podría superar el de un plan residencial de Starlink disponible en el mercado argentino, lo que genera dudas sobre la conveniencia del acuerdo para el Estado.
Además, la resolución indica que la Secretaría de Educación deberá elaborar una lista de los establecimientos beneficiarios, lo que ha llevado a críticos a cuestionar la planificación del programa. Se argumenta que es esencial conocer cuántas escuelas necesitan conectividad antes de definir el mecanismo de implementación.
Fuente: La Nación
