Los habitantes de la zona de calles 8 y 161 en Berisso han expresado su descontento ante lo que consideran una zona liberada al ruido y una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales. Las denuncias, que se intensificaron el pasado 26 de agosto, giran en torno a la música y los gritos provenientes del Auditorio Altar, que se prolongan hasta las cuatro de la mañana durante los fines de semana.
A pesar de las reiteradas quejas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y otras dependencias, los vecinos sostienen que los controles implementados son insuficientes y solo logran reducir temporalmente el volumen. Un residente de la zona comentó que, desde la instalación del auditorio hace aproximadamente tres meses, la actividad ruidosa se extiende desde las 18 hasta las 23.30 durante la semana.
Los frentistas también han denunciado problemas adicionales, como la venta de comida en la vía pública, la presencia de parrillas en el exterior, vehículos estacionados frente a garajes y disturbios constantes. Estas acciones, según los vecinos, se llevan a cabo sin el debido control y supervisión por parte de las autoridades competentes, lo que ha generado un clima de tensión en la comunidad.
Una de las cuestiones más polémicas es la forma en que se manejan los reclamos. Los vecinos han indicado que personal de Control Urbano ha mostrado mensajes anónimos de denuncias, lo cual, según ellos, expondría a los denunciantes y desalentaría futuras quejas. A pesar de los intentos de comunicarse con el 911 y Seguridad Vial, los residentes afirman no haber recibido respuestas claras por parte del municipio.
El contexto del conflicto se complica al considerar la libertad de culto, ya que el Auditorio Altar es un templo. Sin embargo, los vecinos subrayan la necesidad de que se respeten las normas sobre ruidos, habilitación y uso del espacio público. La gestión municipal deberá centrarse en aplicar controles y proteger la identidad de quienes realizan las denuncias.
Este auditorio no es nuevo en la controversia; ya había enfrentado problemas en una sede anterior, donde se registraron actas por ruidos molestos y la intervención de la Justicia de Faltas. Aunque los integrantes de la congregación han defendido la legalidad de su actividad, el municipio se ve presionado a actuar ante la creciente preocupación de los vecinos.
El 10 de agosto, la administración local había promovido una jornada de participación ciudadana, pero a solo dieciséis días de ese evento, los testimonios de los residentes revelan una desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven a diario. Hasta el momento, no se ha presentado una medición oficial de decibeles ni se ha documentado una respuesta adecuada a las quejas formuladas, lo que subraya la necesidad de una intervención urgente y efectiva por parte del municipio.
Fuente: NA
