La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ha convocado a un paro nacional con el objetivo de exigir aumentos salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un componente fundamental que representaba entre el 8% y el 15% del salario total de los docentes. Este reclamo surge en un contexto donde el salario promedio de un maestro de grado con 10 años de antigüedad ha alcanzado los $1.199.964 en marzo de este año, según el último informe que compila los sueldos docentes en todo el país.
Las diferencias salariales son notorias según la región. En el Región Sur, por ejemplo, Neuquén se destaca con un salario de $2.296.123, seguido por Santa Cruz con $1.818.697 y Tierra del Fuego con $1.561.921. En contraste, en la Región Norte Grande, los salarios son considerablemente más bajos, con provincias como Misiones donde el salario promedio es de $878.935.
Más de 1.200.000 docentes ejercen en el país, aunque no existe un censo sistemático que permita conocer la cifra exacta. Este número representa el salario docente más bajo de los últimos 20 años, una realidad que se agrava con la eliminación del Fonid durante la gestión de Javier Milei, oficializada en marzo de 2024.
En respuesta a esta problemática, varias provincias han tomado medidas para subsanar la falta de financiamiento nacional. Neuquén, por ejemplo, ha garantizado la continuidad de los incentivos mediante recursos provinciales. Tierra del Fuego ha implementado un nuevo componente denominado «Conectividad Provincial» y Entre Ríos ha creado un Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) de $36.000.
Adicionalmente, algunos gobiernos provinciales han introducido ítems por presentismo, lo que ha sido criticado por los sindicatos. Estas medidas son vistas como una presión adicional sobre los docentes, forzándolos a asistir independientemente de su estado de salud. En Jujuy, el adicional por “Asistencia Perfecta” ha cambiado su cálculo, incentivando aún más la concurrencia.
La situación actual del salario docente en Argentina plantea un desafío significativo no solo para los trabajadores de la educación, sino también para el sistema educativo en su conjunto, que enfrenta una creciente crisis de financiamiento y reconocimiento.
Fuente: La Nación
