El gobierno local ha iniciado dieciséis licitaciones con un presupuesto total de $14.885.564.232 para el Servicio Alimentario Escolar, en un contexto de emergencia alimentaria y social declarada en el Municipio. Este proceso, que se llevará a cabo durante seis meses, busca garantizar la alimentación de los estudiantes en Florencio Varela.
Las licitaciones, registradas entre el 30 y el 31 de julio en el Boletín Oficial, dividen el área en dieciséis zonas cuya asignación presupuestaria varía desde $115,8 millones hasta $2.246 millones. El servicio se ejecutará desde septiembre de 2026 hasta febrero de 2027, conforme al decreto municipal 306/2026 que establece la emergencia en materia alimentaria.
La suma total de los presupuestos oficiales para estas zonas es de $14.885.564.232. Esta segmentación geográfica podría obedecer a razones operativas, aunque no se puede descartar un posible fraccionamiento irregular en la contratación.
Uno de los puntos críticos de estas licitaciones es la falta de información consolidada respecto al número de raciones a proveer, el costo unitario por alumno y los menús nutricionales que deberán cumplir los adjudicatarios. Esto genera interrogantes sobre cómo se llevará a cabo la comparación de precios entre las diferentes zonas.
La responsabilidad por la gestión del Servicio Alimentario Escolar recae en el intendente, quien en febrero de 2026 decidió que el Ejecutivo municipal asumiera el control del mismo, antes a cargo del Consejo Escolar. Esta decisión fue argumentada por la necesidad de realizar compras más eficientes, aumentar la supervisión de proveedores y asegurar la trazabilidad de los alimentos desde su adquisición hasta su consumo.
La presente licitación se presenta como un desafío para validar las promesas de gestión eficiente. Con un esquema de casi $15.000 millones, es fundamental contar con información que permita verificar quién gana en cada zona y cuánto cuesta realmente alimentar a cada estudiante, así como evaluar las diferencias entre ofertas similares.
Un antecedente relevante resalta la importancia de los controles. En 2025, se presentó una denuncia en la Escuela 501 que alegaba la facturación de alimentos para 320 alumnos, cuando solo asistían 100. Aunque esta denuncia no prueba fraude ni involucra automáticamente a la actual administración, destaca la necesidad de una auditoría central que supervise asistencia, remitos y facturas.
A pesar de la emergencia, la obligación de competir y la necesidad de publicidad siguen vigentes. Cada retraso, sobreprecio o incumplimiento en la calidad de los alimentos se vuelve más crítico en este contexto. El intendente deberá publicar los pliegos completos de la licitación, junto con el padrón de escuelas y beneficiarios por zona, las cantidades previstas, precios por ración y actas de apertura y evaluación.
Una vez adjudicadas las licitaciones, será necesario identificar a los proveedores, sus antecedentes y cualquier posible vínculo entre ellos, así como los resultados de los controles bromatológicos y nutricionales. Hasta el momento, las licitaciones no han sido adjudicadas y no hay evidencia de desvío de fondos. La próxima fase clave será la apertura y comparación de ofertas, donde se podrá evaluar si la municipalización del Servicio Alimentario Escolar ha logrado la eficiencia y trazabilidad prometidas por el intendente.
Fuente: NA
