La Legislatura de California evaluó recientemente dos proyectos de ley que buscaban implementar nuevas restricciones para los conductores con antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol, conocidos como DUI (Driving Under Influence). Ambas iniciativas proponían que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) incluyera una leyenda visible en las licencias de ciertos infractores para prevenir la compra de bebidas alcohólicas.
Las propuestas, designadas como AB 1605 y AB 1867, se inspiraban en una normativa previamente aplicada en Utah. La AB 1605 habría requerido que quienes vendieran o sirvieran alcohol verificaran una identificación válida y rechazaran la transacción si el documento mostraba la leyenda “NO ALCOHOL SALES”. Por otro lado, la AB 1867 permitía a los establecimientos negarse a vender alcohol a quienes tuvieran una licencia que indicara una prohibición de por vida.
La AB 1605, en particular, habría permitido a un tribunal prohibir la compra de alcohol como condición de libertad condicional para individuos condenados por reincidencia grave en DUI, lesiones bajo intoxicación o homicidio vehicular, abarcando a aquellos con al menos dos condenas previas en un período de diez años. Además, imponía la obligación a los comercios de solicitar una identificación válida antes de realizar la venta.
En cuanto al proyecto AB 1867, este proponía una prohibición de por vida para la compra de alcohol a personas condenadas a prisión estatal por un tercer DUI en un lapso de diez años. Este proyecto requería que el DMV emitiera una licencia con una identificación específica que facilitara a los vendedores el reconocimiento de la restricción.
A pesar de sus objetivos, ambas iniciativas no lograron avanzar en el proceso legislativo. Las propuestas formaban parte de un paquete de 17 proyectos destinados a abordar la problemática de la conducción peligrosa en el estado. Tras las primeras audiencias, solo ocho de las iniciativas continuaron su trámite, mientras que las otras quedaron sin avanzar.
Durante las discusiones en Sacramento, se presentaron opiniones divididas. Mientras que familiares de víctimas de accidentes de tráfico y algunos legisladores apoyaban sanciones más severas para los reincidentes, organizaciones como la ACLU argumentaron que las políticas públicas deberían también enfocarse en mejorar la infraestructura vial y promover estrategias para reducir la velocidad del tránsito.
La asambleísta Cottie Petrie-Norris, quien ha defendido la ampliación del uso de alcoholímetros en vehículos, destacó que la prevención de nuevos incidentes debe seguir siendo un objetivo central en el debate legislativo. A pesar de las intenciones de endurecer las restricciones contra los reincidentes por DUI, ninguna de las propuestas logró avanzar más allá de la etapa inicial de comisiones en esta sesión legislativa.
Fuente: La Nación
